Expertos en innovación señalan que es necesario un mecanismo de financiamiento para que la investigación y desarrollo (I+D) que se produce en el sector llegue realmente a los productores en forma de soluciones. La propuesta no es un impuesto propiamente tal, sino que un cargo voluntario administrado por la propia industria, complementado con aporte estatal, para enfrentar desafíos debido a presiones competitivas, climáticas y logísticas cada vez mayores.
La falta de financiamiento y la brecha existente entre centros de investigación y empresas se vieron como los grandes problemas para que la agricultura avance en sus procesos de innovación. Así lo señalaron en Fruitrade 2022 los participantes de un panel dedicado al tema de la innovación e integrado por reconocidos líderes en este ámbito. Se trata de Eduardo Bitrán, presidente de Club de Innovación, Ariel Orellana, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello, junto al australiano Ian Mortimer, consejero de agricultura de la embajada de su país en Chile.
La conversación fue moderada por Rodrigo Cruzat, de Consorcio de Biofrutales, y Mauricio Cañoles, director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor y buscó abordar los desafíos para que el conocimiento que se genera en el país en el ámbito agrícola pueda ser utilizado para resolver los complejos desafíos que enfrenta su sector exportador. Entre estos, incluyen la competencia de nuevos mercados más competitivos como Perú, la necesidad de acelerar los procesos de renovación varietal, las presiones logísticas y de postcosecha ante la congestión del transporte marítimo, y los efectos del cambio climático, como la sequía y los mayores niveles de salinidad de los suelos.
FALTA DE TRANSFERENCIA DESDE UNIVERSIDADES A LAS EMPRESAS
Los panelistas señalaron que si bien Chile tiene rezagos en el avance de la investigación y desarrollo, tanto a nivel de financiamiento como de producción de conocimiento, expresado en el número de papers, esto último se reduce cuando se habla específicamente de agricultura y fruticultura. «En cantidad de artículos académicos publicados sobre fruticultura, que es la forma en que se genera conocimiento para que pueda ser utilizado, estamos al nivel de países como Nueva Zelandia», señaló Cañoles, de la Universidad Mayor. «No obstante, no logramos que ese conocimiento se transfiera a la industria; hay un puente que hay que construir».
De hecho, los participantes señalaron que un problema de la innovación es que son los científicos los que deciden los focos y las prioridades de su investigación, los que logran captar el financiamiento que muchas veces viene del Estado a través de impuestos generales. Con este escenario, «el académico tradicional ‘captura’ el sistema y los recursos van en el orden de lo que a él le interesa”, dice Bitrán, quien presidió Corfo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, entre 2008 y 2010.
Un punto en el que coincide Cañoles, de la Universidad Mayor: “Hay una falla de financiamiento porque no se alinea con las necesidades. No digo que sea un engaño de la academia al sector productivo, pero faltan resultados que solucionen problemas de la industria. Y creo que eso nos ha pasado la cuenta, ya no estamos pensando en indicadores o papers, sino en cómo estoy lidiando con la escasez de agua en terreno”.
Ante, esto el panel coincidió en la necesidad generar una estructura de financiamiento nueva para la investigación y desarrollo en el área agrícola, que responda de mejor manera a las necesidades de los productores agrícolas.
Ariel Orellana lo explica de la siguiente manera: “Los investigadores se mueven hacia los recursos, los incentivos deben ir por el lado de la necesidad que tiene la industria en determinados temas, se tienen que tener esas prioridades que deben ir de la mano con una buena gestión de parte de los que están liderando esas iniciativas”.
APORTES DE LAS EMPRESAS Y DEL ESTADO
Ante eso, se propuso el desarrollo de un mecanismo en que una industria o sector decida sus prioridades, a las que necesita destinar una cierta cantidad de recursos para I+D. Un financiamiento compartido por parte de la industria y del Estado, en el que se creen directorios especializados en el sector para decidir su destino.
No se trataría de un impuestos propiamente tal, por lo que los panelistas ocuparon el concepto sinónimo de levy para describirlo. «Sería un aporte económico que acuerda voluntariamente el sector, apalancado con recursos públicos, pero una vez acordado este levy, su pago se hace obligatorio», dice Bitrán. «Si bien sería obligatorio, no es un impuesto propiamente tal pues los recursos se usan en la manera que el sector determina; es decir, la plata vuelve al sector».
El australiano Ian Mortimer explica que este modelo funciona de manera similar en su país y que ha sido clave para fomentar y financiar conocimiento que puede ser aplicad en las empresas. «“El levy no es un impuesto; se recauda y se multiplica con impuestos generales y vuelve al sector», dice. «El gobierno invierte en innovación agrícola y por cada dólar de inversión pública en esta área, los agricultores reciben un beneficio de 12 dólares en 10 años”.
Bitrán indica que la fruticultura “es un sector ideal para pilotear algo así, lo que requeriría un compromiso para partir que el aporte del Estado sea 2 a 1, es decir, por cada peso que levante la industria, el Estado le aporte el doble”
Ariel Orellana, agrega que “la fruticultura es una industria que requiere de tiempo para aplicar programas y ver resultados reales, los programas no pueden durar 10-15 años y acabarse, tienen que ser ampliados”.
De todos modos, Cañoles señala que “tenemos que entender que para que un modelo funcione no se trata de copiar y pegar porque eso no funciona, hay que adaptar a la realidad actual”.
