A fines de enero comenzaron a regir las modificaciones al Código de Aguas que suben las sanciones para las infracciones, exigen entregar más información a la Dirección General de Aguas y otorga más herramientas de control a sus funcionarios, entre otros puntos.
Aumentar los montos de las multas, actualizar los sistemas de entrega de información sobre la extracción de agua y dar más atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA) para fiscalizar son algunos de los puntos que comenzaron a regir, a fines de enero, con la Ley 21.064, que es parte del Código de Aguas.
La iniciativa se tramitó durante cinco años en el Congreso, en paralelo al proyecto de ley para reformar el código, y tuvo la aprobación unánime de ambas cámaras.
Uno de los principales cambios está en las multas que podrá aplicar la DGA, que pasarán del tope de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que existía -unos $940 mil- a un máximo de 1.000 UTM, con rangos establecidos según el tipo de infracción (ver infografía) y agravantes que pueden hacerlas llegar al doble de ese monto.
Si bien la nueva ley es percibida como un avance por las organizaciones de usuarios de aguas, ya que son sanciones más disuasivas, que quedan por escrito y con estándar de ley -hasta ahora algunos puntos eran circulares de la DGA-, critican que no se haya fortalecido el rol de las juntas de vigilancia.
\”La autoridad ha tomado un camino separándose de las organizaciones de usuarios. El órgano fiscalizador es más potente, pero no se establecen puentes para mejorar el diálogo con quienes hacen la gestión\”, plantea el abogado y secretario general de la Confederación de Canalistas, Juan José Crocco.
Otra duda es cómo la DGA podrá cumplir con sus nuevas atribuciones, si la ley no considera una mayor dotación de recursos ni de funcionarios, algo que no sería crucial, según el director del organismo.
\”Algunos legisladores creían que la ley debía ir acompañada de plata para fiscalizadores, pero no tiene nada que ver, porque eso se discute en la Ley de Presupuesto. Lo que plantea es establecer un sistema de control de lo que se extrae, para cotejarlo con la información de los derechos de agua de los conservadores, donde históricamente hemos tenido un problema\”, explica Carlos Estévez, director de la DGA.
EL REGLAMENTO PENDIENTE
Un cambio relevante es la exigencia de que los usuarios instalen un sistema de entrega de información de los caudales y volúmenes de agua que extraen, que será obligatorio para las organizaciones de usuarios y para quienes extraen agua directo de cauces naturales y aguas subterráneas.
Si bien algunas juntas de vigilancia ya cuentan con estaciones de telemetría para manejar datos en tiempo real de la extracción de aguas, la realidad es dispar en cada cuenca y en algunas regiones las organizaciones ni siquiera están constituidas legalmente, por lo que piden que se considere una gradualidad en la implementación de esta exigencia, lo que -junto con los requisitos, plazos y detalles de cómo deberán operar los sistemas- quedará definido en un reglamento que presentará la DGA en los próximos días.
\”No podemos pedirle a todos lo mismo ni al mismo tiempo. Estamos planteando que va a haber una diferencia importante, según la cantidad de derechos de agua que tienen. A los que tienen una mayor cantidad les vamos a dar un plazo razonable para instalar los sistemas de transmisión de la información, y los que tienen menos tendrán más plazo e, incluso, algunos no tendrán las mismas exigencias\”, precisa Carlos Estévez.
También detalla que el plazo mínimo que proyectan para el cumplimiento de esta medida es un año, y que se trabajará con exigencias diferenciadas por cuatro macrozonas: norte, desde Arica y Parinacota a Coquimbo; centro, desde Valparaíso al Maule; sur, desde Biobío a Los Lagos; y austral, que considera Aysén y Magallanes.
\”Cuando se cumplan los plazos y la nueva autoridad revise qué tienen, a través de una resolución fundada podrá ampliar un plazo o alivianar ciertas condiciones\”, proyecta, y añade que a fines del año pasado ya se aprobaron los contratos por unos $250 millones para la modernización del software que recibirá la información de los usuarios en la DGA.
Los usuarios plantean que se debería diseñar un tipo de cofinanciamiento estatal en la implementación de tecnologías, ya que el costo de una estación de telemetría parte en los $10 millones y se necesitan varias dentro de una organización.
\”Creo que a la DGA le falta mucha información y hoy están las herramientas para que la tenga, por lo que es una muy buena medida. A veces toman decisiones sin mucho conocimiento de la realidad y se equivocan, por lo que es fundamental que cuenten con la información\”, dice el secretario de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Aconcagua, Santiago Matta.
EL ROL DE LOS CONSERVADORES
Como los Conservadores de Bienes Raíces llevan los registros de inscripciones de derechos de aguas, la ley les exige mandar los datos a la DGA y fija sanciones para cuando no se envíen, algo que -no está definido en el texto legal- se haría mediante un software.
\”El ideal, que se puede demorar tres años, es que haya un equipo que tenga un registro con todo el control de extracciones, y una segunda pantalla donde se revise si los derechos están conformes a la ley, según los registros del Conservador\”, comenta Carlos Estévez.
Con esta medida, uno de los objetivos sería evitar la duplicidad de inscripciones de derechos de aguas, por desconocimiento o mala fe, práctica que tiene una de las sanciones más graves en la nueva ley, y corresponde a cuando un titular obtiene una doble inscripción de manera intencional.
\”La ley establece otros criterios que tienen que estar en el título para que un conservador lo inscriba, como individualizar el canal por donde obtiene el agua y la ubicación de la bocatoma. Eso va a complejizar los estudios de título y un conservador hoy ya lo puede exigir\”, explica el abogado y socio del estudio Araya y Cía., Sebastián Leiva.
A los usuarios, este requisito les parece un avance, ya que hoy es complejo requerir información a los conservadores, pero creen que se podría avanzar más rápido.
\”Yo sé exactamente cuántos derechos hay en cada canal que administro y cada canal sabe cuántos derechos administra y en manos de quién están. La DGA debería partir trabajando con las juntas de vigilancia\”, propone la gerenta de la Federación de Juntas de Vigilancia de la VI Región, Graciela Correa.
TRABAJO CONJUNTO
Un punto que no ha caído bien es el carácter de ministros de fe que entrega la nueva ley a los fiscalizadores de la DGA, porque consideran que les da un poder excesivo.
\”Si se le da esa calidad a la DGA, ¿por qué no se le da al director de una organización de usuarios? Ellos tienen que tener su ministro de fe, porque su función es resolver conflictos y esto los debilita\”, dice el presidente de la Confederación de Canalistas, Fernando Peralta.
Respecto de quiénes tendrán ese rol, Carlos Estévez dice que publicarán una resolución donde detallarán qué funcionarios pueden ser ministros de fe. \”Tendrán que cumplir con ciertas condiciones jurídicas. No podrán ser trabajadores a honorarios, por ejemplo. Todo va a quedar por escrito\”, dice.
Las juntas de vigilancia y canalistas reclaman que no se consideró ningún fortalecimiento de estas organizaciones y lo plantean como pendiente.
\”Necesitamos, a través del nuevo código o de estas leyes, que se fortalezcan las organizaciones para ejercer nuestra función con mayor autoridad, pero no que nos quiten toda la fuerza para dársela al Estado\”, plantea el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, José Manuel Silva.
Graciela Correa también destaca que la DGA, pese a las mayores atribuciones, debe mantener claro su rol. \”Todo lo que tiene que ver con cauces superficiales tiene un límite y está en el ámbito de las juntas de vigilancia. La DGA debe ser un complemento a esos órganos, que son los encargados de administrar, distribuir y arbitrar, y que no se entrometa en eso\”, precisa.
Fuente: Revista del Campo
