Reportaje de El Mercurio

La SNA calculó en US$ 1.500 millones los perjuicios causados por inundaciones a la infraestructura hídrica. Un 68% de los productores frutícolas habría sido afectado, según Fedefruta. Gremios aseguran que repararla implicará una inversión histórica y demandan una planificación a largo plazo. El ministro de Agricultura, en cambio, es optimista y señala que Indap y la Comisión de Riego han destinado casi $20.000 millones.

Si bien las fuertes lluvias de junio y agosto, que afectaron a las regiones del centro y sur del país, fueron un respiro para la disponibilidad de agua en la temporada de verano, tuvo una cara menos amable: inundaciones inusitadas y, con ello, severos daños a la infraestructura hídrica, que según la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), suman cerca de US$ 1.500 millones. Si antes la preocupación era la sequía, ahora pasó a ser la reparación de obras que permitan el abastecimiento de agua, hoy significativamente deterioradas.

Hasta ahora, las soluciones implementadas entre los regantes, más la inversión pública y privada, han permitido seguir operando, comentan autoridades gremiales y expertos. Pero para recuperar las condiciones normales, hará falta una inversión importante y, a largo plazo, una planificación hídrica que prepare a Chile frente a nuevos episodios.

Antonio Walker, presidente de la SNA, señala que ‘los daños han sido muy importantes, principalmente en la Región del Maule, ya sea en el cambio en el curso de ríos que tendrá que restablecerse, como en bocatomas, marcos partidores, telemetría, e infraestructura de riego, como bombas, equipos de riego, mangueras, etcétera’.

Hoy, explica, ‘se están tomando muchas medidas ‘parche’ para poder sacar la temporada adelante. Pero cuando haya que reconstruir la infraestructura hídrica en forma definitiva, el esfuerzo público privado que tendremos que hacer será más grande de lo que se haya hecho antes en la historia’.

El expresidente de la SNA y coordinador de las Agrupaciones de Canalistas, Patricio Crespo, agrega que dos tercios del territorio agrícola del país lo trabajan particulares con una condición económica más precaria. ‘Hacerse cargo de los costos directos de estas emergencias puede ser muy gravoso para ellos, y podría paralizar su opción de restablecer esta infraestructura’, señala.

Diferentes voces gremiales y del Ministerio de Agricultura aclaran, no obstante, que todas las juntas de canalistas y regantes van a poder captar su agua, y no dejarán de hacerlo, porque ya se ha resuelto la situación al menos en las obras de captación.

No obstante, el abogado especialista en temas regulatorios de agua, Carlos Ciappa, comenta que esto no significa que estén libres de costos asociados a los daños producidos por las inundaciones. Y agrega que ‘hay muchas juntas de canalistas donde hubo que pedir cuotas extraordinarias para poder hacer reparaciones’.

Productores damnificados

En octubre, la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) detectó que 22% de los productores de las regiones afectadas por los sistemas frontales hasta ese mes no estaba en condiciones de dar comienzo a la temporada, debido a pérdidas de infraestructura de riego y suelos agrícolas inutilizados, que todavía no drenaban del todo después de lo sucedido.

Al mismo tiempo, 68% de los productores frutícolas declaró haber sufrido daños en infraestructura de riego intrapredial (bombas, tranques, decantadores, cañerías, etc.) y extrapredial, como canales para regadío y bocatomas, cuantificables en pérdidas monetarias que solo entre productores frutícolas suman entre $400 y $600 millones.

Hoy, a un mes de esta encuesta, los agricultores han tomado medidas que califican como ‘de parche’ para hacer frente al verano. Sin embargo, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, alerta de que aún hay zonas donde el trabajo de maquinarias ha sido inexistente, por un lado, porque se requiere un permiso de Obras Públicas, y, también, porque las máquinas no han llegado, ya sea por recursos o por descoordinación.

Por otra parte, diversas voces gremiales han alertado que, a largo plazo, hay muchos terrenos que han quedado inutilizables y que su recuperación hasta volver a plantar en ellos para pequeños agricultores tomará años, siempre y cuando no se repitan crecidas de ríos en los siguientes años, algo que no se puede descartar.

Frente a este escenario, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, matiza la opinión del sector privado. Comenta que se encuentran optimistas respecto a la temporada de verano, porque el trabajo de cooperación público-privado ha conseguido restablecer y normalizar los sistemas de riego en todo Chile, para lo que el Estado destinó casi $20.000 millones a través de Indap y la Comisión Nacional de Riego.

Rescata, además, el trabajo realizado por las juntas de vigilancia, quienes han ejecutado una rápida labor para reponer los sistemas.

Por ello, el secretario de Estado afirma que no debería mostrarse una reducción en las exportaciones de fruta que, de hecho, asegura, ‘Asoex estima que este año podrían aumentar incluso en un 10%’.

¿A quién le corresponde costear los daños?

En la ruta del agua, cabe hacer una distinción entre instalaciones extraprediales e intraprediales. A la primera corresponden canales, ríos e infraestructura fuera de los predios particulares, que tienen una administración común, principalmente estatal. Por otra parte, intrapredial refiere al resto de instalaciones, que tienen a juntas de vigilancia o a particulares como propietarios.

Carlos Ciappa explica que, como las instalaciones son de propiedad de los canalistas, son ellos quienes debiesen concurrir a reparar sus propias instalaciones. Ahora bien, por cómo funcionan las agrupaciones de canalistas, hay circunstancias en que la magnitud de los daños son tan grandes que no llegan a cubrir ese nivel de gasto. Ahí es donde se pide la ayuda del Estado.

Por otra parte, los cauces públicos son bienes nacionales y los únicos que pueden resolver y gestionar son entes públicos. Al respecto, Crespo apunta que ‘hay muchas instituciones para ello en Chile’. De hecho, agrega, ‘el Banco Mundial hizo una investigación por encargo del Estado de Chile y detectó que había 39 instituciones públicas que tienen tuición sobre las aguas’.

Esta gestión considera a actores como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que tiene que ver con las defensas fluviales y evitar los desbordamientos de los ríos, y depende del Ministerio de Obras Públicas; o la Dirección de Vialidad, que tiene que ver con los puentes.

La autorización para entrar a un río o a un estero depende de la Dirección General de Aguas (DGA), y otro actor importante son las municipalidades. ‘Estas tienen la facultad de aceptar y autorizar la extracción de ripio para todo lo que es árido en general’, señala Crespo.

Para el caso puntual de este año, el dirigente sostiene que, en vista de que la reparación correspondió a las agrupaciones de canalistas, los gastos extraordinarios tendrán que cubrirse con presupuesto que sale del bolsillo de los regantes.
Esto ocurre a nivel de los particulares y agrupaciones. A nivel país, el presidente de la SNA propone que un 70% de la inversión debería corresponder al Estado, y un 30% a las agrupaciones de canalistas.

El director ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta, afirma que el calendario de concursos 2023 de la Ley de Riego contempló un total de $116.000 millones para apoyar a los regantes en el desarrollo de distintas obras de riego, con un especial enfoque en la pequeña y la mediana agricultura.

Agrega que la nueva Ley de Riego funcionará como una palanca para promover la productividad y el desarrollo rural, pues ‘incrementará los apoyos estatales a la pequeña y mediana agricultura, y será una importante herramienta de adaptación del sector agrícola al cambio climático’.

Planificación hídrica

Según estudios de Corfo, el sector agrícola representa la mayor parte de la demanda potencial de agua en Chile (90% verano, 60% invierno). Las voces incumbentes coinciden en que hay agua para este verano, pero no se puede garantizar que siempre tendremos años lluviosos.

‘El problema es que Chile carece de una planificación hídrica. Contar con ello permitiría hacer políticas públicas donde hoy, probablemente, solo hay actores independientes haciendo su negocio’, señala el experto regulatorio Carlos Ciappa.
‘Cuándo preguntas cuál es la planificación hídrica de Chile, nadie sabe contestar, porque no existe. Si bien hay un listado de embalses que se van a construir, lo cierto es que los embalses solucionan el 10% del problema de aquí a 20 años; entonces, ¿cómo vas solucionar el otro 90%?’, cuestiona el abogado.

Al respecto, Walker plantea que ‘no porque en el sur haya reservas suficientes de agua para esta temporada vamos a olvidarnos de que es urgente solucionar el tema de fondo. Hay que avanzar en la construcción de los embalses, desaladoras, trasvasijes de cuenca, sistemas de recarga de acuíferos, riego tecnificado, etc.’.

A su vez, el presidente de la SNA resalta que la Región de Coquimbo está sufriendo la sequía más grande de su historia, donde hay zonas que ‘simplemente no están pudiendo regar un porcentaje muy alto de su superficie’. Agrega que, si bien las inundaciones no fueron una preocupación para esa región, deben enfocarse los esfuerzos en el abastecimiento de agua de cara al verano. Desde el Gobierno dicen que han comprometido una inversión cercana a $30.000 millones para los próximos tres años en sistemas de conducción de agua y abastecimiento para la zona.

El ministro de Agricultura sostiene que hoy sí se trabaja en la estrategia hídrica, una política de embalses que está activa, donde incluso participará Codelco en la inversión, y que también considera seguridad hídrica, desaladoras y la Ley de Riego, que pone énfasis en la conducción y tecnificación.

Crespo agrega un aspecto adicional: ‘Cada región debería presentar su propia mirada, de modo que permitan construir desde ahí soluciones para cada cuenca. Para ello, el Estado tiene que bajarse del pedestal y reconocer sus insuficiencias’.
Los privados, en tanto, hacen un llamado al Gobierno, para que, tal como se hizo con las energías renovables, la reparación e inversión en la infraestructura hídrica se transforme en un asunto de Estado que garantice la seguridad hídrica de Chile.