Frente a los reiterados actos de violencia narco y terrorista (mayormente impunes y sin reparación alguna) de que han sido víctimas los camioneros e importantes áreas de la producción de la Araucanía, iglesias, escuelas y municipios, y que se han perpetrado por largo tiempo en esa región y otras del sur de Chile, alcanzando actualmente un número de atentados criminales sin precedentes, y que más allá de la Pandemia sanitaria que nos afecta la tienen prácticamente paralizada en sus actividades económicas y atemorizados a sus habitantes, nos sentimos en la obligación absolutamente justificada de apoyar la movilización pacífica del transporte de carga.
Los gobiernos tienen la obligación de mantener el Estado de Derecho y el orden público, para así proteger a las personas de cualquier acto de violencia interna o externa que pueda alterar la paz y la libertad de la nación, condiciones todas indispensables para una sana convivencia democrática.
Ese es un mandato y un deber básico que tiene la autoridad presidencial y que ninguno de los gobiernos democráticos y los demás poderes del Estado, han cumplido hasta ahora como era y es debido.
Solicitamos a los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que escuchen a la sociedad civil, a la cual se deben, y cumplan cabalmente sus deberes constitucionales y legales, ejecutando todas las acciones necesarias que nuestro ordenamiento jurídico les otorga, para recuperar la paz, la libertad y mantener el orden público, gravemente amenazados por los delincuentes que asolan sin compasión los campos, pueblos y rutas del sur.
Fuerza, camioneros.
Manuel Puga Vial
Presidente Frusexta A.G.
Asociación de Productores de Fruta VI Región
