Martes 13 de Noviembre de 2018

Regantes del norte del país reiteran su preocupación por reforma constitucional del agua

Agosto 24, 2016

Hace unos meses que entre los productores agrícolas existe gran inquietud en torno a una reforma en el artículo 23 de la Constitución propuesta en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, que podría cambiar la actual forma de administración de los derechos de agua.

María Inés Figari, Presidenta de Sociedad Agrícola del Norte (SAN), directora de Fedefruta y la SNA, destaca que “este encuentro es un hito histórico para las organizaciones gremiales y esta será sólo la primera instancia de varias en que nos reunamos en torno a un tema de tanta relevancia”.

“Una posible reforma constitucional del agua pone en riesgo el trabajo de las organizaciones de usuarios del agua que distribuyen el recurso hídrico dando siempre prioridad al consumo humano. Además, la agricultura es una actividad esencial para la vida humana y sólo en Chile es sustento de más de 700 mil familias”.

Tal como explica Patricio Crespo, Presidente de Sociedad Nacional de Agricultura “Esta propuesta de Reforma Constitucional es una forma encubierta de extinguir y expropiar derechos sin indemnizar. Se busca con esta iniciativa saltarse al Parlamento, que tiene entre sus roles calificar lo que es bien nacional de uso público, violando así el derecho de propiedad al establecer el agua como bien de uso público en la Constitución sin dar cabida a que lo analice el Congreso y que se pague como cualquier otra expropiación”.

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En tanto, Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile señala: “Al escuchar voces dentro de los dirigentes políticos de Chile respecto a que el agua debe ser del Estado, se debe aterrizar esa idea en la práctica y contemplar que no sólo se trata de hacer un cambio en la Constitución, sino que hay que pensar en las consecuencias de esa decisión. Quienes quieran hacerse cargo del agua deben conocer en mayor profundidad como funciona la administración del agua actualmente y los desafíos que existen en esta área y que no se resuelven a partir de firmar una reforma”.

El experto en legislación hídrica, el abogado Rodrigo Weisner, quien fue Director Nacional de Aguas entre el 2006 y 2010, enfatiza que “surge una preocupación debido a que el mensaje que se entrega a los productores agrícolas es que perderán sus derechos y no se entregan argumentos sólidos para el cambio. No hay análisis del motivo o problema que se solucionaría con esta modificación y cómo se abordaría la administración del agua el día de mañana. Hay una postura ideológica tras esta propuesta, pero no una postura técnica”.

Los argumentos de los usuarios del agua

Distintos argumentos sostienen los agricultores en torno a la propuesta de Reforma, señalando que esta iniciativa se origina por una visión errónea del uso que los productores dan al agua.

Mariela Arqueros, Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Elqui es clara al destacar que “Se ha planteado que la institución del Camión Aljibe es por culpa de quienes administramos el agua en las zonas bajo riego, pero eso es una lamentable falta de conocimiento de la realidad de nuestro territorio. Las Organizaciones de Usuarios de Agua han asegurado el abastecimiento de agua potable a las Empresas Sanitarias y mientras mantengamos la Administración de las Aguas esto está y estará asegurado”.

Por su parte, Luis Pizarro, presidente de la Asociación de Canalistas de Embalse Recoleta explica que “Las organizaciones de riego tienen como primera prioridad el uso del agua para consumo humano, pero se ha mimetizado a los agricultores como alguien que usa el agua para lucrar y en desmedro de otras actividades y no es así; por eso se nos ha entregado los derechos de aguas que nos dan la certeza jurídica para hacer inversiones, poder producir, dar empleo y pagar impuestos; porque el Gobierno todas las inversiones que hace las recupera a través de los impuestos”.

Luis Lohse, Presidente de Junta de Vigilancia de Río Choapa indica que “Esta reforma constitucional no apunta a solucionar de fondo los problemas de manejo del recurso hídrico. Las Juntas de vigilancia hacen distribución del agua de acuerdo a derecho, sin embargo, en la propuesta de reforma no se menciona un fortalecimiento de la DGA con profesionales de carrera para hacer una política de Estado y no según el Gobierno de turno con manejo integral del recurso hídrico. No es la solución una reforma constitucional, que tiene un fin más ideológico que técnico, para enfrentar la escasez hídrica que vive el país”.

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