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Bases de Licitación del “PDP Frutas del Aconcagua” Código 17PDP-78766- 2 de CORFO

Este documento esta dirigido a consultores interesados en desarrollar el plan de trabajo en agricultura sustentable en uva de mesa en las provincias de San Felipe y los Andes, como también para el cargo de coordinador del proyecto.

Objetivo General:  Lograr que los proveedores de Mi Fruta S.A. produzcan una Producción Sustentable de Uva de Mesa y Pasa.

Podrán participar y presentar ofertas aquellas personas naturales o jurídicas, con inicio de actividades ante el SII, que cumplan con presentar sin observaciones los antecedentes solicitados en el punto 6.1 de las presentes bases y que tengan interés en ejecutar las actividades del Proyecto PDP Frutas del Aconcagua Código 17PDP-78766-2, tanto parcial o completamente del Plan de Actividades aprobado por CORFO y descrito en punto dos. Pudiendo ser seleccionado para una o más actividades a las que postulo.

Las postulaciones de la presente licitación deberá ser presentada por medio digital y en papel en un sobre cerrado indicando la(s) actividades postulada(s) dirigido a la dirección: Carlos Condell N° 330 comuna de San Felipe. La fecha tope de recepción de la presente licitación privada es el día viernes 23 de Febrero del 2018 a las 15:00 horas.

Descarga las bases aquí

Robo de nueces: Fiscalía Regional Metropolitana Occidente busca censar a los productores para mejorar la prevención y acelerar las investigaciones

El los últimos años las nueces no solo han hecho noticia por su vertiginoso crecimiento y por su alta demanda internacional, sino también por los cada vez más frecuentes robos de nueces, causando impacto la vinculación incluso con personajes públicos y lo osado del actuar de las bandas que son capaces de “secuestrar” camiones completos. Continue reading

Ley de modernización de inocuidad alimentaria de Estados Unidos comenzó su puesta en marcha

El pasado 26 de enero se dio inicio en todo el mundo agrícola y agroindustrial exportador de alimentos a los Estados Unidos, la obligatoriedad de que los campos de producción primaria de productos vegetales con ventas anuales superiores de los USD 500.000 tengan implementado en sus campos los Planes de Control preventivo de Peligros de Contaminación durante el desarrollo de los cultivos hasta su cosecha. Continue reading

Las herramientas legales disponibles y pendientes para el financiamiento de productores frutícolas

Evidentemente hay una necesidad que todo productor tiene en una industria que requiere de mucho capital para funcionar: el financiamiento. Esto, porque los costos productivos en la fruticultura para exportación son tan altos (mano de obra, insumos, energía, maquinaria, etc), que rara vez un agricultor podrá utilizar su propio capital para financiar completamente su temporada. Continue reading

Próximo gobierno tramitará Código de Aguas

Eso, tras participar en el acto de celebración del proyecto de Ley que fortalece las funciones fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA).

Junto con lo anterior, Undurraga comentó que la última iniciativa legal que se alcanzará a tramitar en lo que queda de la actual administración será la relacionada con aguas grises.

Ahora bien, en cuanto al proyecto que refuerza la información, fiscalización y sanciones, señaló que próximamente será publicado en el Diario Oficial y que pese a que el Tribunal Constitucional quitó algunas atribuciones que tendría la nueva normativa, aseguró que “más allá de no estar de acuerdo, creemos que lo medular no se ve afectado. Aquí no se sacó un ala, sólo se sacaron plumas”, remató.

 

Ministro Furche: “Es probable que la reforma al Código de Aguas se apruebe en el próximo gobierno y sufra algunos cambios”

En una visita a la región en el marco del lanzamiento del libro “Agricultura Chilena: Reflexiones y Desafíos al 2030”, impulsado por Odepa, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, aprovechó de darse cita con diversos medios regionales para hacer un balance de la gestión de la actual administración en materia agrícola, ya a menos de dos meses de concluir el actual gobierno.

En esta línea, Furche destacó en entrevista con diario El Día, la duplicación del presupuesto en la región en materia de gestión para el recurso hídrico a través de la Comisión Nacional de Riego, respecto del cuatrienio anterior, y puso en valor el trabajo del MOP en torno a la construcción de embalses, recalcando que el de Valle Hermoso está próximo a ser terminado.

¿Qué balance hace de las gestiones de la actual administración para impulsar a Coquimbo como región agrícola?

“Hay que recordar que cuando comenzó esta administración la situación era delicada, pues estábamos en medio de una sequía muy prolongada. El embalse La Paloma de hecho estaba prácticamente vacío, como nunca. Luego vino el terremoto de 2015 que afectó la infraestructura de riego, dos hitos que motivaron que las políticas públicas en esta región estuvieran enfocadas a atajar la situación hídrica. En términos de cifras, el ministerio de Agricultura a través de sus distintos programas ha invertido $95 mil millones en la región. De esos $45 mil millones corresponden a recursos canalizados a través de la Comisión Nacional de Riego, lo que ha permitido dar un salto cualitativo respecto a las condiciones de la gestión hídrica. No sólo recuperamos los daños del terremoto, sino que además duplicamos los recursos respecto del cuatrienio anterior. En términos de beneficiarios, calculamos que hemos llegado a más de 25 mil personas. Por lo tanto, abordamos uno de los temas principales que era mejorar la eficiencia del uso de recursos hídricos”.

En términos de embalses, ¿cómo avanzaron las licitaciones anunciadas?

“El MOP en ese sentido también ha tenido un desempeño valioso, no sólo por el embalse Valle Hermoso, que comenzó a ser construido en 2015 y que está próximo a terminar (80% de avance), sino porque también impulsamos en conjunto un plan de pequeños embalses que llevó a construir cinco pequeños tranques en la región. Al mirar el conjunto de las acciones y desde una mirada optimista, podemos concluir que los momentos más difíciles se superaron, hay una perspectiva estratégica para el desarrollo de la agricultura regional que está bien encaminada, la situación de los mercados internacionales sigue siendo favorable para las exportaciones y hay buenas perspectivas para los próximos años, porque los embalses están en una buena situación”.

La reforma al Código de Aguas sigue discutiéndose en el Senado, ¿esperan aprobarla durante este gobierno?

“Esta reforma incluyó dos proyectos de ley, uno que fortalecía las capacidades de la Dirección de Aguas en materia de fiscalización, que ya completó su tramitación en el Congreso y por tanto debiera ser ley de la República durante este gobierno. El otro es la reforma al Código de Aguas, que en este momento está en la Comisión de Agricultura del Senado, pero queda aún camino por recorrer y los tiempos legislativos que quedan son más bien acotados antes de que se termine esta administración. Por lo tanto creo que esta reforma continuará siendo discutida durante el gobierno que viene. Esto implicará que habrá un nuevo congreso y obviamente ellos pueden introducir cambios en la ley”.

¿Cuáles son los desafíos que se deben abordar en materia agrícola en la próxima administración?

“Chile es un país que ha tenido un enorme desarrollo de su sector agropecuario, las cifras están a la vista, y que tiene aún un enorme potencial que le permitiría ampliar su presencia territorial y en los mercados internacionales. Creo que los desafíos son claros y hay consenso entre los diferentes sectores que miden la productividad de la agricultura. El primero de ellos es la capacidad de adaptarse al cambio climático y eso supone dar saltos cualitativos y cuantitativos en inversión en materia de recursos hídricos e introducir innovación y desarrollo tecnológico para manejar el riego. Otro de los objetivos a tener en cuenta es la sustentabilidad sectorial desde el punto de vista del uso de recursos naturales, pero también sustentabilidad económica y social, es decir la capacidad de incluir crecientemente a otros sectores del mundo agrícola y rural en beneficio del desarrollo. Se deben elevar los estándares de sanidad animal y vegetal, de inocuidad de los alimentos, que hoy es la clave de la calidad para entrar a mercados internacionales. Se debe también diversificar la presencia de Chile en las exportaciones. China se ha convertido por primera vez en el principal mercado de destino para nuestras exportaciones silvoagropecuarias y ese es solo un dato que se debe proyectar a futuro. Creo que la agricultura está en un muy buen pie y hay condiciones para mantener este círculo virtuoso”.

Agricultores presentaron en Comisión del Senado sus propuestas para una mejor Reforma al Código de Aguas

En la instancia se reunieron agricultores de las Regiones de Coquimbo, Ñuble, Valparaíso, Maule, O’Higgins y Aysén.

El proyecto de Reforma al Código de Aguas que se encuentra en análisis por las Comisiones del Senado antes de discusión en sala, genera en los agricultores varias inquietudes que fueron planteadas por once organizaciones del país.

La Comisión de Agricultura del Senado conformada por los senadores José García Ruminot, Felipe Harboe, Manuel Matta, Víctor Pérez y Rabindranath Quinteros recibieron a un grupo de organizaciones de agricultores y usuarios de agua que presentaron sus observaciones a la Reforma del Agua.

Las principales preocupaciones planteadas tienen relación con la posibilidad de que se generen derechos que pasen a ser concesiones temporales, el plazo de la regularización de derechos de agua otorgado por la reforma y que es considerado insuficiente, y la pérdida de algunas facultades de las organizaciones de usuarios de agua (juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas) , entre otras.

Onofre Juliá, presidente de la Junta de Vigilancia de Río Rapel, señala que «nosotros hicimos un alcance sobre las diferencias que había entre las distintas cuencas y claramente nosotros estamos en desmedro de la zona sur porque debemos realizar obras para poder conducir las aguas. En segundo lugar, deben fortalecerse las Juntas de Vigilancia porque hoy hay una desconexión entre la DGA y las Juntas de Vigilancia y eso no conduce a tener una buena distribución. En cuanto al caudal ecológico, nosotros tenemos caudales sobre los tranques de regadío con caudales mínimos que salen de la cordillera, por lo tanto, no se puede exigir caudal ecológico en una región donde no existen, tienen que regularse en el marco de las temporadas que vienen. La ley tiene que ser aplicable tanto en el norte como el sur del país».

En tanto, la presidenta de la Junta de Vigilancia de Río Illapel, Marcela Jeneral, destacó que «en la cuenca de Illapel tenemos un gran porcentaje de derechos no regularizados o que están en sucesión. Para mí es un tema importante y creo que coincidimos con varias Juntas hoy en cuanto a la modalidad que van a tomar estos derechos una vez que la reforma entre en vigencia. Siempre hemos trabajado con derechos perpetuos y no tiene sentido convertirlos en derechos temporales».

Durante la sesión realizada el 4 de diciembre, expusieron Sociedad Agrícola del Norte A.G, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y las Juntas de Vigilancia de los ríos: Chillán; Diguillín; Illapel, Longaví, Maule, Ñuble, Rapel, Tinguiririca y III Sección Río Aconcagua.

Tasación del Bien Raíz Agrícola: ¿Cómo asegurar sus beneficios tributarios?

La puesta en vigencia de la Reforma Tributaria trajo consigo beneficios para la tasación de predios agrícolas. Sin embargo, hasta ahora el procedimiento para acceder a los beneficios no se ha seguido al pie de la letra. En esta columna, Claudio Salvatierra, abogado tributarista de Araya & Cía. Abogados, explica cómo realizar correctamente el procedimiento, además de los plazos que impone la legislación.

Se trata de la tasación de predios agrícolas, que cuando se hace se puede gozar de pagar menos impuestos a la hora de traspasar o vender el predio. Sin embargo, dicha tasación debe hacerse bajo un procedimiento el cual no ha sido seguido al pie de la letra. Esto ha hecho que varios agricultores hayan hecho el trámite pero SII no lo haya aprobado, por temas de forma, lo que ha significado que han debido pagar “de sorpresa” mayores impuestos.

La tasación de los predios agrícolas ha sido un tema ya tratado en la industria tras la puesta en vigencia de la Reforma Tributaria, que otorgó este beneficio a los propietarios y agricultores que se vieron obligados a pasar de un Sistema de Renta Presunta a uno de Renta Efectiva, con todo lo que aquello conllevaba en su gestión contable. Dicho beneficio permite actualizar el valor comercial del predio agrícola y es muy ventajoso, ya que disminuye la base imponible al momento de generar una utilidad por venta, lo que significa -finalmente- pagar menos impuestos.

Sin embargo, no se ha hecho del todo hincapié en que existe un procedimiento que no debe pasarse por alto, para disfrutar de una menor carga impositiva al momento de la primera venta de una propiedad. Lo que hemos visto es que, al no tener en consideración dicho procedimiento establecido por Servicio de Impuestos Internos, agricultores propietarios que tasaron su predio para gozar de una menor carga impositiva, no lograron tener acceso a este beneficio.

¿Cuál es el riesgo de tasar el predio agrícola para optar a una base impositiva más favorable y que SII rechace la solicitud por fallos en el procedimiento? El primero es perder por supuesto este beneficio, dinero que se dejó de ahorrar o invertir, lo que es sumamente importante de considerar entendiendo que la agricultura es muy intensiva en capital para la inversión durante cada temporada. El segundo, es el haber hecho la tasación pero no cumpliendo con la normativa establecida. De esta forma, el propietario hará la venta pagando -en definitiva- un impuesto mucho mayor al planeado. El riesgo es un eventual proceso de fiscalización, si la tasación no cumple con todos los requisitos establecidos.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Es muy importante señalar que algunos propietarios que optaron por el beneficio el año pasado, Servicio de Impuestos Internos no les aprobó la solicitud. Esto, debido solamente a un tema formal, pese a haber dejado de tributar bajo el régimen de renta presunta y haber cambiado a renta efectivo. Esto, primero que todo, debido a que tasaron la propiedad con un tasador corriente, sin tener en cuenta que la ley establecía un procedimiento en el cual un profesional muy específico, con 10 años de experiencia y registrado en una nómina del SII, era el llamado a hacer la tasación.

Este profesional que debe cumplir con ciertos requisitos determinados, emite un informe de tasación, el que después es aprobado y certificado por una sociedad dedicada a tasar activos de naturaleza agrícola, la cual también debe estar inscrita y autorizada por Servicio de Impuestos Internos. Además, dicha empresa tendrá que emitir un certificado aprobatorio, y presentarlo ante SII mediante carta certificada.

Se trata, como puede apreciarse, de un procedimiento engorroso que requiere de una guía.

Asimismo, hay otros requisitos “finos” que exige la normativa para que el dueño de un predio agrícola pueda optar al beneficio, los cuales deben verse caso a caso. Junto con eso, los plazos para solicitar el beneficio son acotados, y éste vence el 31 de diciembre del 2017, conforme a las instrucciones de Servicio de Impuestos Internos.

El dueño de un bien raíz agrícola puede realizar ahora la tasación, pese a no tener la intención de vender en esta temporada, ya que es posible que quiera hacerlo de aquí a unos tres años, o pretenda reorganizar su patrimonio según los resultados de una campaña, por lo que es algo que recomendamos hacer a todos los agricultores que son propietarios y que están utilizando el régimen de Renta Efectiva, luego de muchos años de haberlo hecho bajo Presunta.

Experta derribó mitos que se han levantado del proyecto de reforma al Código de Aguas

Los distintos mitos sobre los que se ha levantado el proyecto de reforma al Código de Aguas que impulsa el Gobierno se encargó de derribar Natalia Dasencich, abogada de la Confederación de Canalistas, quien llegó a Osorno para realizar una charla a agricultores de la región de Los Lagos, coorganizada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, Aproleche Osorno y Agrollanquihue.

La abogada dejó en claro que la principal premisa sobre la cual se levantó esta reforma es la supuesta falta de agua, no obstante, las recomendaciones de los expertos acerca de la realidad de las aguas en Chile son muy distintas. En primer término, estos recomiendan la realización de estudios de prospección y catastros; construcción de embalses; infiltración de napas; desalinización; reutilización; tecnificación del riego; revestimiento de la conducción; y ordenamiento institucional. Todo esto, en un escenario de camsbio climático que está ocasionando una pérdida acelerada de la capacidad natural de almacenamiento de las aguas.

Natalia Dasencich aseveró que no es la propiedad del agua el verdadero problema. “Aquí lo que se está haciendo es introducir aspectos como la temporalidad en la administración de las aguas, lo que se pretende que duren como máximo treinta años y sujetos a ciertas especificidades de uso y a caducidad si es que el recurso no se usa de manera correcta, así como también a una serie de nuevas normas, generando una gran incertidumbre sobre futuras inversiones”.

La abogada indicó que “el sistema de patentes de aguas sí funciona hoy y por eso, lo que este proyecto plantea en realidad es una expropiación encubierta”. En la actualidad, por ejemplo, la profesional señala que hay una gran cantidad de derechos que han sido devueltos por no uso, dado el cobro asociado que eso involucra, sin necesidad de un cambio legal para ello.

Entre otros aspectos de la charla, se estableció que el proyecto de Reforma Código de Aguas pone en serio riesgo los derechos no regularizados de los pequeños productores y se insistió en todo momento en que el actual código tiene herramientas suficientes para asegurar el agua de bebida a toda la población, incluso a través de la expropiación. De esta forma, la abogada aseveró que, por ejemplo, si se hubieran expropiado algunos derechos a las hidroeléctricas para asegurar el suministro de agua potable rural, APR, el Estado podría ahorrarse la contratación de camiones aljibes.

El presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), Christian Arntz, señaló que esta es la segunda reunión realizada este año para abordar la problemática. “La anterior fue en abril y tuvo carácter birregional, dada la importancia del tema. En ambas, hemos insistido en que aquí se ha puesto por delante la ideología para hacer esta reforma y que la modificación que se busca está deja a los productores agrícolas de la región en una segunda categoría, ya que todos los futuros derechos solo serán transitorios. Aquí no se está hablando en realidad del uso más eficiente y más racional del agua. El proyecto necesita un sustento técnico, ya que definitivamente no lo tiene en ninguno de sus articulados”, aseveró Arntz.

Marcos Winkler, vicepresidente de Aproleche Osorno, comentó que la modificación al Código de Aguas provocaría una tremenda incertidumbre en el sector, ya que hoy el cambio climático está afectando la zona. “El hecho de que las aguas queden bajo propiedad del Estado y no puedan ser inscritas como privadas, sería un desmedro para las propiedades, por que como sabemos, sin agua no tendrían valor. En la medida que esto no se aclare o corrija, es para los productores una gran duda. Nosotros vemos que en esta modificación al actual Código guarda relación principalmente con los cursos de agua tomados y que no se les daba uso adecuado, aunque se podría agilizar estos derechos que las empresas tienen sobre estos cursos, pidiendo cambios en la normativa que van mucho más allá de lo solicitado, y no se está abordando como los productores requieren”.

A su vez, sostuvo que “las autoridades deben recabar lo que los gremios y usuarios están viviendo. Lo que se ha hecho en esta materia, se ha realizado entre cuatro paredes, y posteriormente se ha tratado de convencer a los gremios en infinidad de reuniones, donde solo se nos informa de las decisiones tomadas, por lo que esperamos que se tome en consideración lo que los productores están viviendo y cómo se verían afectados con estas modificaciones, esperando que las autoridades apliquen las correcciones que sean necesarias”.

A partir de noviembre, más de 40 organizaciones realizarán planteamientos sobre Reforma al Código de Aguas en el Senado

A partir de este mes la Comisión de Agricultura del Senado comenzará a recibir a las más de 40 organizaciones que solicitaron ser escuchadas, en el contexto del debate del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

Así lo aseguró el senador José García Ruminot, presidente de la Comisión de Agricultura, quienes en total recibirán a 48 organizaciones, la mayoría vinculadas a la agricultura, las cuales tienen dudas sobre las implicancias de las modificaciones de esta iniciativa, principalmente en lo relativo a si es que se realizarán expropiaciones de derechos de aguas o no.

El parlamentario explicó que tanto de la Dirección General de Aguas (DGA), como de los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura han explicado que “no hay ninguna expropiación, respetamos los derechos de agua constituidos y, respecto de los nuevos, sería una fórmula a 30 años, que es uno de los aspectos más discutibles del proyecto”.

En la misma línea, el director de la DGA, Carlos Estévez, aseguró que “no se habla en ninguna parte que se van a expropiar derechos, es más, dice claramente lo contrario”, y alegó que “con una excusa de que existe un problema de propiedad se está frenando el derecho humano de acceso al agua potable y de saneamiento”.

Estévez aseguró que, lo que sí es parte del proyecto actualmente es que el acuífero puede comenzar a ser objeto de defensa, en caso de que no exista un uso como corresponde de los derechos de aprovechamiento entregados.

En este sentido, la caducidad de estos derechos podrá aplicarse en caso de que el dueño de éstos decida no inscribir o no realizar las obras solicitadas por la DGA, debido a que, en este caso “está haciendo trampa”, explicó el director.

En segundo lugar, los derechos ociosos también serán analizados por la DGA, debido a que existen los casos en que existan los derechos de aprovechamiento, pero no existan los recursos para llevar a cabo los proyectos propuestos.

“Tienen un plazo de 10 años (para realizar los proyectos), pueden ser más si es que está en una situación de estudio de impacto ambiental (u otras circunstancias), pero si usted los tiene (los derechos) guardados en un cajón… esto se llama derechos de aprovechamiento de aguas, queremos que haya eficiencia y eficacia”, explicó Estévez.

Recursos para procedimientos

Durante la sesión, los senadores junto a los ministros y la Dirección General de Aguas, debatieron también respecto del financiamiento del proyecto para poder estudiar los expedientes respecto de los derechos de aprovechamiento de agua, el cual asciende hasta los $27 mil millones, en un plazo de 10 años.

El senador García Ruminot cuestionó estos montos puesto que, a su criterio, es “bastante poco”, considerando que es a un plazo de una década, es decir $275 millones anuales.

Igualmente, alegó que desde el Ejecutivo explicaron que se pueden llegar a analizar entre 50 mil y 300 mil casos, por lo que espera que “podamos tener una cifra lo más precisa posible para saber cuánto tiempo y cuántos recursos necesitamos para poder regularizar esos derechos de agua”.