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Bases de Licitación del “PDP Frutas del Aconcagua” Código 17PDP-78766- 2 de CORFO

Este documento esta dirigido a consultores interesados en desarrollar el plan de trabajo en agricultura sustentable en uva de mesa en las provincias de San Felipe y los Andes, como también para el cargo de coordinador del proyecto.

Objetivo General:  Lograr que los proveedores de Mi Fruta S.A. produzcan una Producción Sustentable de Uva de Mesa y Pasa.

Podrán participar y presentar ofertas aquellas personas naturales o jurídicas, con inicio de actividades ante el SII, que cumplan con presentar sin observaciones los antecedentes solicitados en el punto 6.1 de las presentes bases y que tengan interés en ejecutar las actividades del Proyecto PDP Frutas del Aconcagua Código 17PDP-78766-2, tanto parcial o completamente del Plan de Actividades aprobado por CORFO y descrito en punto dos. Pudiendo ser seleccionado para una o más actividades a las que postulo.

Las postulaciones de la presente licitación deberá ser presentada por medio digital y en papel en un sobre cerrado indicando la(s) actividades postulada(s) dirigido a la dirección: Carlos Condell N° 330 comuna de San Felipe. La fecha tope de recepción de la presente licitación privada es el día viernes 23 de Febrero del 2018 a las 15:00 horas.

Descarga las bases aquí

Puntos de recolección de envases del mes de enero 2018

Quillota 09 de enero de 2018
09:30 a 16:30
Lado exterior Parque Aconcagua
Limache 09 de enero de 2018
10:00 a 16:00
Calle Unión Arabe s/n, Parque Brasil (Frente cancha tenis)
Paine 16 de enero de 2018
09:00 a 16:00
Huelquén, Calle Santa Filomena, detrás de retén de carabineros, de 09:00 a 16:00
Hospital, Calle el Cáñamo (plaza de hospital), de 10:00 a 15:00
Santa Cruz 18 de enero de 2018
09:30 a 15:30
Media Luna de Santa Cruz(Ramón Sanfurgo s/n camino Santa Cruz – Chépica)

Las prioridades agrícolas de los candidatos

La necesidad de certeza jurídica o la mantención de la propuesta actual en el proyecto del Código de Aguas, ampliar la superficie bajo riego, apoyo económico a las familias mapuches y asociatividad de los pequeños están entre las propuestas. Muchas diferencias más de énfasis que de fondo, en lo que proponen los equipos agrícolas.

Agua, pequeños productores, agricultura orgánica, apoyo a familias mapuches y rechazo a la violencia en La Araucanía son algunas de las prioridades para el agro de los dos candidatos presidenciales. Dicen -a través de sus voceros- que han trabajado un programa agrícola, en el caso del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera; y un capítulo dentro del programa del candidato oficialista Alejandro Guillier. Lo concreto es que desde las dos veredas plantean que ven al agro como motor económico y de desarrollo social de amplio impacto para país y, por ello, lo reconocen como un sector prioritario en sus miradas políticas.

Así, José Antonio Walker, vocero del equipo agrícola de Sebastián Piñera, recalca que el candidato “ha tomado profunda conciencia de la importancia que tiene la agricultura, y ha intervenido directamente en la elaboración de la propuesta a partir de lo que observó en su recorrido por las distintas zonas agrícolas del país”.

Es a partir de eso que se formula el programa agrícola de la centro-derecha, el que está estructurado en siete temas prioritarios, a los que apuntan 30 propuestas con las que se busca darle al sector el peso que efectivamente tiene no solo a nivel económico, sino también social, explica Walker.

 “En la descripción que hicimos con el equipo agrícola, se va en la dirección de que el agro es más del 3,2% del PIB y más del 12% del PIB agregado. Somos un millón de personas, somos la herramienta más potente de regionalización. El agro representa alimento, recursos renovables y exportaciones, que en los últimos períodos, con ciclos de precios bajos del cobre, ha mantenido un crecimiento por sobre la economía del país”, dice el vocero agrícola de la centroderecha.

Desde el lado oficialista, la voz la pone Osvaldo Rosales, jefe de campaña de Alejandro Guillier, quien explica que en el programa de gobierno oficialista se plantea avanzar en innovación y diversificación productiva y exportadora, así como en disminuir las desigualdades, todo basado en una alianza público-privada de largo plazo. Por lo mismo, indica, la agricultura es un sector clave en esa estrategia, pues “reúne todos los atributos para llevarla adelante: es un sector productor de transables en una economía abierta que nos impulsa a competir y nos plantea cotidianamente el desafío de aumentar nuestra productividad para ser competitivos”. Agrega que si bien reconoce que los productores proveen identidad al país, “en el campo persiste la desigualdad… No es casualidad que los indicadores de pobreza, tanto multidimensional como por ingresos, muestren que la pobreza rural es el doble que la urbana”.

Es por lo anterior, dice Rosales, que “la candidatura de Alejandro Guillier le concede una importancia central a la agricultura dentro de la estrategia de desarrollo con mayores niveles de igualdad. El privilegio que le concedemos en nuestra propuesta a la descentralización empalma de modo virtuoso con el desarrollo de las políticas agrícolas y de modernización rural inclusiva”. Ello quedaría plasmado en el programa de gobierno, en el capítulo “Agricultura y forestal”, con una breve fundamentación y veintiún propuestas.

En Revista del Campo se analizaron los temas prioritarios para el agro actual y que también son considerados como tales por ambos candidatos.

Reforma al código de aguas

La modificación al actual Código de Aguas remece, desde hace ya un tiempo, al sector y en los últimos meses los agricultores de todo el país se han comenzado a movilizar preocupados principalmente por los cambios que apuntan a la propiedad y forma en que se otorgarán o caducarán los derechos de agua. Si bien en este tema se podría haber esperado una mayor divergencia, ambas propuestas reconocen como fundamentales priorizar el consumo humano y la sustentabilidad del recurso, y plantean que debe ser una discusión no ideológica que permita alcanzar acuerdos.

“La discusión hay que situarla en lo técnico, y no en lo ideológico ni lo político. Reconocemos que en el actual proyecto hay aspectos positivos: coincidimos con el no a la especulación y que la prioridad es el consumo humano. Pero no podemos poner un remedio peor que la enfermedad. Por ello es fundamental que haya certeza jurídica. Hoy se es propietario de un derecho y con la modificación se pasa a titular, cuando se asignen nuevos. Hoy se puede gozar, usar y disponer de ese derecho, pero luego no se podrá disponer. No podemos aceptar que la DGA sea juez y parte en un tema tan delicado. Las juntas y asociaciones de canalistas y regantes, que en general han sido muy eficientes en su labor, no pueden perder poder y dejar de tener facultades para administrar el agua. Tampoco podemos aceptar el criterio para calcular el caudal ecológico”, enfatiza Walker.

Por ello proponen que se legisle “para que todos en forma justa podamos ocupar y administrar esa agua. Hay que considerar que el proyecto no está agregando nuevos litros a la actual disponibilidad. No se hace cargo de que el 85% se va al mar…. Por eso tiene que ser una legislación basada en el conocimiento técnico. Aquí tenemos que usar la experiencia propia y no quedarnos solo con la internacional; tenemos una realidad que no existe en otros países. Tenemos técnicos espectaculares y transversales… Se requiere de una discusión con altura de miras. Que se legisle de acuerdo a lo que ocurre en cada comuna, por ejemplo”.

Osvaldo Rosales explica que mantendrán lo fundamental del proyecto presentado, “ampliaremos la conversación que se ha desarrollado al respecto e impulsaremos su aprobación en la próxima administración”. Reconoce que las modificaciones propuestas han alcanzado acuerdos en cuanto a la definición de usos y prioridades, así como en reafirmar que el agua es un bien nacional de uso público y que el consumo humano es prioritario.

“En general, en el mundo, los derechos de uso se entienden como una concesión o licencia de uso temporal, salvo escasísimas excepciones, pero en todos los casos se incluyen causales de extinción asociadas al cumplimiento de obligaciones relativas a su preservación y uso acorde con el fin para el cual se entregó dicha concesión. También la legislación comparada muestra que se establece el derecho de intervención estatal en caso de enfrentar emergencias como sequías prolongadas y que el recurso tiene un costo que debe cubrirse por los usuarios y quienes disponen de derechos de uso. Como se ve, sobre cuestiones concretas, no ideológicas, será posible alcanzar acuerdos”, indica.

Escasez hídrica, más riego y tecnificación

Más allá de la modificación al actual Código de Aguas, la disponibilidad hídrica es un tema estructural para la producción agroalimentaria: sin ella no hay producción. Se entiende entonces que ambos candidatos tengan al recurso hídrico como una de sus prioridades, donde el foco en ambos casos se pone en invertir en obras de embalse y tecnificación, así como en aumentar la superficie bajo riego.

Desde la vereda oficialista plantean que es “absolutamente prioritario invertir y regular el uso del recurso, pues se requiere garantizar la sustentabilidad de los acuíferos para las aguas subterráneas que deben sumarse a los caudales ecológicos. Sobre esto, invertir en obras de acumulación y distribución de las aguas para garantizar su aporte a toda la producción sectorial, atendiendo las diferencias regionales”. Indican que pretenden consolidar y ampliar lo que existe en cuanto a grandes y pequeños embalses, así como la construcción de pequeñas obras de regulación y la ejecución de obras de rehabilitación de embalses y que buscan incrementar el almacenamiento total en 1.930 Hm3 (36% de aumento de capacidad) y mejorar la superficie de riego en aproximadamente 275.000 ha (con 85% seguridad), beneficiando aprox. 30.000 predios. “Asimismo, se estimulará la inversión privada en obras de riego intraprediales que por medio de la tecnificación mejoren la eficiencia en su uso, de tal manera que sea la inteligencia aplicada en su uso la mejor respuesta a los desafíos de la escasez de agua”, responde Rosales.

Desde la centroderecha, en tanto, la propuesta es duplicar la superficie bajo riego y la tecnificada. Para ello plantean potenciar la ley de riego, pero enfocada a proyectos con mayor conciencia, donde la ley sea más ágil, junto con que se abra la posibilidad de que los privados puedan postular para que se amplíe efectivamente la superficie regada, lo que permitirá una mayor disponibilidad hídrica.

“Tenemos más de un millón de hectáreas bajo riego. El 28% de esa superficie, es decir, unas 300 mil ha, tiene riego tecnificado, con 85% a 95% de eficiencia del agua. Ocupemos la ley 18.450, aumentemos el presupuesto de esa ley y al tecnificar, se está dejando agua disponible para otro que a lo mejor no puede invertir en tecnología”, dice Walker

En cuanto a la construcción de embalses, postula que es necesario “apoyar lo que se ha empezado en este gobierno, para terminarlo. No hay prejuicios. Aquí la mirada es el beneficio del sector”. También considera clave que se trabaje con mayor fuerza la infiltración de acuíferos, para usarlos como reservorio de agua.

Además, plantea que se estudiará en profundidad y sin prejuicio los proyectos privados que haya, “por ejemplo, la carretera hídrica; o el de la gran tubería que iría por el mar. Lo que se buscará es un constante diálogo con los gremios para ver qué proyectos existen en el mundo privado que podamos apoyar”, dice.

Pequeños productores: asociatividad para mejorar ingresos

En ambos programas se plantea que una de las fórmulas para mejorar las condiciones productivas de los pequeños agricultores es a través de la unión, aunque las diferencias radican en cómo se concretará. Así, mientras desde la centroderecha se plantea que están analizando varias opciones para generar esa unión que potencie producción, comercialización y les permita a los pequeños exportar, desde el oficialismo proponen aumentar el fomento productivo de los pequeños, para aumentar sus ingresos vía el trabajo y no los subsidios.

“No pueden competir solos. Por eso, hay que romper el individualismo y asociarse. Estamos buscando un mecanismo para que el chico se pueda asociar. Todavía no lo tenemos claro, pero no podemos descartar el cooperativismo moderno que funciona en Estados Unidos y en Europa. Hay experiencias como Fonterra, el Rabobank, Melinda. Aquí la idea es asociarse, por ejemplo, para comercializar, procesar y exportar”, plantea el vocero agrícola de Piñera.

Otra posibilidad, dice Walker, es a través de lo que llama grupos de transferencia tecnológica (GTT) plus. “Que se puedan juntar 15 o 20 productores, que además de la transferencia que se hagan entre ellos, haya un coordinador que apoye el aprendizaje no por ejemplo del conocimiento del vecino que tiene una misma realidad productiva, pero que además puedan comprar y comercializar en conjunto”.

En tanto, Osvaldo Rosales recalca que lo que se buscará mantener y profundizar es el fomento productivo de los pequeños productores, para que sus ingresos provengan del trabajo y no de subsidios. “Regularizaremos los títulos de propiedad, de tal manera que el hecho de disponer de títulos de propiedad viabilicen las inversiones en sus predios. Fomentaremos el cooperativismo, para hacer un uso productivo y sostenible de los recursos sobre la base de proyectos en que prime la cooperación y se adquieran escalas de producción y comercio que mejoren las capacidades negociadoras de sus integrantes”. Agrega que, además, vincularán la producción campesina con la producción saludable y de calidad junto con promover compras públicas que garanticen precios competitivos para los productores.

En ambos casos, el Indap es visto como fundamental.

Walker plantea que Indap es clave, pero potenciado, es decir, que se enfoque en abrir nuevas alternativas a los pequeños, que permitan que haya una ampliación de su base y de su capacidad de apoyo.

Rosales, en tanto, postula que se debe actualizar su ley orgánica, “redefiniendo a sus usuarios, para dar cabida a los nuevos y diversos tipos de productores, especialmente mujeres, en tamaño y organización y de este modo ampliar su cobertura para canalizar instrumentos de fomento a los productores agrícolas; al tiempo que deberá mejorar sus propias condiciones institucionales para adecuarse a estas nuevas exigencias”. Respecto de medianos productores, que deberán definirse según características regionales, la propuesta es perfeccionar todos los instrumentos que se están aplicando y que requieren coordinación con Corfo, Sercotec y otras entidades públicas y privadas que pueden hacerse parte de este desafío.

La Araucanía, apoyo a los productores indígenas

La situación de violencia en La Araucanía es rechazada por ambos equipos agrícolas. Así, mientras Walker recalca la necesidad de hacer que se cumpla el estado de derecho en la zona, al mismo tiempo considera importante separar los movimientos violentistas de los mapuches.

“Creemos que el pueblo mapuche está pagando los platos rotos del terrorismo. Por eso hay que implementar el plan de paz y de desarrollo en La Araucanía, que tiene que ver con asegurar la paz social, para que se pueda trabajar”, dice.

Rosales, en tanto, enfatiza que “rechazamos toda la violencia y todos los actos delictuales. El diálogo nunca sobra y la democracia brinda espacios de participación que debemos atender. Ese diálogo debe ser conducido con reconocimiento de los actores reales y apreciando su peso específico. Es cierto lo del potencial productivo de la región y debemos hacer los esfuerzos porque toda la población se haga parte de una estrategia de desarrollo que integre a todos los grupos sociales y sea sustentable en relación con los recursos naturales, que caracterizan por su riqueza y belleza a esta región”.

A partir de ahí, ambos equipos agrícolas plantean la necesidad de invertir y fortalecer la pequeña agricultura mapuche para que pueda producir y emprender de forma competitiva.

En este sentido, el equipo de Guillier propone el fortalecimiento del trabajo de fomento productivo realizado durante este Gobierno, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), “para mejorar la producción básica que las familias destinan a su propio consumo y para generar alguna producción para la venta; desarrollar pequeños emprendimientos, principalmente con jóvenes, que permiten complementar el ingreso de las familias y generar una forma de hacer fomento en que se abran espacios reales para que las familias, organizaciones y comunidades puedan tomar decisiones respecto a sus estrategias”. A ello agregan crear un fondo específico para pequeños emprendimientos indígenas y también facilitar el acceso a financiamiento para proyectos productivos indígenas de mayor alcance, fortaleciendo el Programa de Desarrollo y Fomento Indígena liderado por Corfo.

Por su parte, el vocero agrícola de Piñera plantea que es clave reconocer a los pueblos indígenas e integrarlos al mundo productivo y de la agricultura moderna. “La idea aquí no es con palabras… sino haciendo giras tecnológicas en nuestro propio país. Queremos mostrarles las alternativas desde el punto de vista económico. Que mantengan su cultura y conozcan también alternativas que les permitan incorporar nuevas tecnologías y conocimientos. Por ejemplo, realizar giras tecnológicas a las regiones vecinas, una granja experimental en la IX Región. La idea es que puedan producir y que se hagan parte de la exportación”. Para ello se concretaría una batería de instrumentos financieros que apoyen estos emprendimientos, por ejemplo, promover el desarrollo de La Araucanía con riego tecnificado.

Agricultura orgánica como norte

Ninguno de los dos equipos se cierra a las nuevas herramientas tecnológicas, como la biotecnología, pero, insisten en que hay que hacerlo con cautela.

“El tema transgénico es una discusión país. No tiene que ver con nuestro programa. Discutamos esto con los mejores técnicos del país, pero es un tema politizado. Se requiere una definición país y como equipo agrícola no nos podemos meter. Pero hay que considerar que en Chile tenemos excelentes técnicos y especialistas. Entonces aprovechémoslos”, dice José Antonio Walker.

Sobre el mismo tema, Osvaldo Rosales enfatiza que “requerimos de más y mejor genética vegetal para enfrentar los desafíos del cambio climático y de la competitividad. Necesitamos recuperar variedades tradicionales resilientes, desarrollar variedades de frutales y cultivos que se adapten mejor a nuestra agricultura y genética avanzada que nos posicione como actores tecnológicos en el mundo. También, para no quedarnos atrás en este rubro en que somos líderes, es prioritario favorecer la llegada de las variedades que están en primera línea en la fruticultura y de la agricultura mundial. Entonces, es fundamental contar con una normativa moderna, que dé seguridad a los actores para no bloquear estas vías de desarrollo. Es una dialéctica interesante la que se abre entre desarrollo tecnológico y defensa de variedades nativas. Estamos por profundizar el debate y no adoptar posiciones que nos rigidicen en nuestro desarrollo, que por sobre todo está comprometido con la calidad de vida de las personas”.

También coinciden en la necesidad de apostar por la producción ecológica u orgánica, enfocada en nichos que buscan la alimentación saludable.

“Se pondrá mucho énfasis en la agricultura orgánica. Por ello se pondrá un pie en el Congreso para explicarles a los parlamentarios en este tema, es necesario ir a esta producción y resguardar el entorno. El objetivo es hacer una agricultura integrada”, plantea Walker.

Por su parte, Rosales sostiene que “Chile está comprometido con la producción saludable y buenas prácticas silvoagropecuarias. Dentro de esa línea hemos apoyado y promocionamos la agricultura orgánica y hemos dado pasos significativos para su reconocimiento internacional…”.

Soluciones específicas para el mundo rural

La problemática del mundo rural es distinta a la de las ciudades y en todos los temas. Ambos candidatos tienen el tema en sus programas, aunque con soluciones distintas.

La propuesta de Chile Vamos es la creación de un Comité interministerial, presidido por el Ministerio de Agricultura, que permita tocar los distintos temas, pero desde las necesidades del agro.

“Una escuela rural puede tener internet como la de una ciudad o enseñar inglés, pero al mismo tiempo, incluir ramos que vayan más dirigidos al mundo agrícola. Parte de eso depende del Ministerio de Educación; lo mismo ocurre con salud, con infraestructura, con vivienda. Son decisiones que se toman en esos ministerios, pero lo que queremos es que tengan la mirada y las necesidades del mundo agrícola. Aquí hay un tema en que no todo es plata, sino que un tema de voluntad política. El mundo rural es tan importante como el urbano, y tenemos que interactuar con los otros ministerios para darle esa importancia, que tenga las mimas oportunidades, la misma calidad de vida del mundo urbano”, enfatiza Walker.

La del candidato oficialista, dice Rosales, es que no quieren tratar a la población por su condición de grupos de pobres que necesitan subsidios para sobrevivir, sino que la propuesta es integrar “a la población, cualquiera sea su característica, a las formas que va asumiendo el desarrollo”. Para eso, “el Estado, más que dar subsidios, debe dotar de conectividad a las poblaciones, entregar educación y salud a la población como un derecho. Entregar pensiones dignas a partir de una redistribución de los recursos públicos orientados con este fin. Comprometernos a que nadie merece menos que la dignidad de ser tratado como igual. Que las comunidades rurales no sientan que el desarrollo les pasa por el lado, que no los ha incluido. Que sean parte de ese desarrollo a la escala que corresponda y con un plan de largo plazo que lo haga posible, pero que nunca más su identidad sea la de ser pobres”.

Funcionarios del SAG suspenden paralización tras lograr acuerdo con el Gobierno

La paralización se había anunciado para el 13 al 15 de septiembre, a días de Fiestas Patrias, lo que había preocupado al sector frutícola.

Los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), finalmente lograron un acuerdo con el Gobierno, lo que evitará que lleven a cabo la paralización, programada para este jueves y viernes.

Si bien es considerada un “avance”, la propuesta que debió ser votada por las asambleas regionales no satisface por completo a los dirigentes. Esta incluye traspasos de funcionarios de contrata a planta, aunque en un número insuficiente, según los trabajadores.

A juicio del presidente de los funcionarios del SAG, Claudio Banda, quedan esperanzados en un protocolo para establecer una nueva planta institucional del servicio en los próximos cinco años.

Finalmente, las negociaciones entre el Gobierno y representantes de los funcionarios del SAG, frenaron un paro “productivo” dirigido a mermar el rendimiento de plantas silvopecuarias faenadoras, puertos y zonas de carga.

Funcionarios del SAG pararán durante 72 horas la próxima semana

Trabajadores de planta y a honorarios participarán en la movilización para exigir mejoras laborales.

La Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y la Coordinadora Nacional de Trabajadores a Honorarios del SAG convocaron a un paro nacional de 72 horas que se extenderá entre los días 13 y 15 de septiembre próximos.

A través de un comunicado de prensa las organizaciones plantearon que “en función del mandato entregado por el Ampliado Nacional de Dirigentes Regionales y Nacionales de AFSAG realizado este sábado 2 de Septiembre, y del nulo avance en las negociaciones para el cumplimiento de protocolos comprometidos por Hacienda, Agricultura y la Dirección Nacional de SAG” se convoca a la movilización.

Las exigencias planteadas por los trabajadores en este paro que se iniciará a las 00:00 del miércoles 13 de septiembre son las siguientes:

  • El cumplimiento de los protocolos firmados por el Gobierno.
  • El desarrollo institucional del SAG coherente con su historia.
  • El desarrollo de una planta que reconozca los grados de la Política de las Personas y con encasillamiento.
  • El traspaso de trabajadores a honorarios a la contrata en los grados de uso del SAG.
  • El respeto a la antigüedad de los honorarios como criterio de ingreso.
  • El respeto del principio de “igual función, igual remuneración”.

Agricultura y Comercio, sectores que más utilizarían alza en cupo laboral para inmigrantes

La propuesta de elevar de 15% a 25% la cuota máxima de extranjeros permitida en las empresas, incluida en el proyecto de ley del gobierno, fue valorada por todos los sectores e incluso, entre los más beneficiados, piden eliminar las limitaciones.

“El 85%, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador será de nacionalidad chilena”. Este es el párrafo que contiene actualmente el Código del Trabajo -en su artículo 19- y que el gobierno pretende modificar a través de su nuevo proyecto de ley de Migraciones, ingresado el miércoles al Parlamento.

>El cambio plantea disminuir ese tope de 85% a 75%, lo que implica un aumento en los cupos permitidos por la legislación para la contratación de extranjeros por parte de las empresas.

En este contexto, la iniciativa fue celebrada por los gremios representantes de los distintos sectores económicos, quienes observan con buenos ojos una mayor incorporación de no chilenos en el mercado laboral.

Cabe destacar que de acuerdo con un estudio elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a junio de 2017, de los más de ocho millones de ocupados, 168.815 declaran no ser chilenos, equivalente a 2,1% del empleo nacional.

En este sentido, más del 25% de ellos se ubican en el sector Comercio, 9% en la Construcción y 5% en la Agricultura.

Sin límites

Al respecto, justamente los sectores de Comercio y Agricultura fueron los que más aplaudieron el proyecto, reconociendo un impacto relevante en su sector. Tanto así, que incluso apuntan a no restringir los cupos de extranjeros.

“Es un buen primer paso, pero se podría liberar totalmente el cupo. Que no exista un límite, simplemente dejarlo abierto”, plantea Manuel Melero, presidente de la CNC. A su juicio, aumentar de 15% a 25% la tasa permitida va en la dirección correcta, pero esperaría mucho más. “Sumando Comercio y Turismo, somos los primeros empleadores de migrantes, con 35% de extranjeros, lo que equivale a cerca de 60.000 mil trabajadores. Estamos muy contentos con su aporte, sobre todo en la relación con el público, porque tienen un trato muy cordial”, enfatiza.

Visión compartida desde la Agricultura. El titular de la SNA, Ricardo Ariztía, señala que la iniciativa “es un avance que da muestras de la necesidad laboral en el sector agrícola, que ya no puede estar limitada a un 15% de migrantes”, y subraya que “veremos más adelante si esa nueva cifra se deberá volver a analizar”.

Asimismo, sostiene que “nosotros vemos la llegada de extranjeros en términos positivos en cuanto a productividad, y que me jora la competencia en el trabajo, de tal manera que podemos, junto con aumentar el empleo, también reducir costos de operación. La medida claramente beneficia al sector agrícola y permite un desarrollo de más largo plazo en el sector frutícola”.

Luis Schmidt, presidente de Fedefruta, coincidió en que es una buena medida, “pero quedamos cortos. En la agricultura se necesita una mayor cantidad de trabajadores extranjeros”. El dirigente detalla que desde el gremio ya le habían solicitado un aumento en los cupos a la Presidenta Michelle Bachelet, por lo que “consideramos que ese 25% es poco, pero bueno, es un avance”. Explica que “en aquellos sectores que necesitan gran cantidad de mano de obra, como nosotros, se debería permitir contar con un porcentaje más alto de trabajadores extranjeros”, advirtió.

Respecto del aumento de la necesidad de inmigrantes en el sector, explica que “muchos de nuestros trabajadores chilenos ya no quieren trabajar en el campo, esto es algo que ha pasado en muchos países desarrollados, por ejemplo en EE.UU., donde la labor agrícola la hacen los mexicanos”.

Mientras, desde la Construcción también celebraron la idea del Ejecutivo. “Hay muchos países de la región que tienen más problemas, y una buena política de migración lo que hace es que lleguen más extranjeros y eso no es malo, es bueno, porque se está generando un montón de elementos que benefician al mercado laboral”, apuntó Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Asimismo, también planteó que “lo de los cupos va en contra del principio de no discriminación. No debería haber límites a la contratación de migrantes”.

En tanto, desde la Minería, si bien reconocen que la medida no tiene mayor impacto en el sector, coincidió en que no debería existir una cuota de participación. Así lo planteó Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien señala que “en la minería no afecta mucho, ya que, en general, la cantidad de extranjeros en las empresas mineras es poca, prácticamente no hay. Aún así, ampliar la cuota me parece bien, porque es una limitación y en un mundo global la tendencia va a eliminar los límites, lo que comparto”.

Precisa que en el sector “en este momento no se produce el problema, porque como se han reducido los puestos de trabajo, recién ahora están aumentando, hay oferta de mano de obra calificada local y esa es la que está llenando los cupos nuevos disponibles”.

Mayor regulación

Sin embargo, y a pesar de las intenciones de abrir más el mercado laboral a los no chilenos, desde los gremios advierten la necesidad de mayor regulación entre quienes llegan al país.

“Con todo, es necesaria una mayor regulación, porque la desregulación de los inmigrantes se ha traducido en una presencia de ellos en el comercio callejero ilícito. Hay muchos inmigrantes que han llegado con simples ingresos de turistas y, al no tener permisos de trabajo, se quedan informalmente en el comercio callejero”, critica Melero.

Por su parte, desde la CChC comentan que “si uno va a abrir las puertas, como gobierno hay que preocuparse de verdad de crear políticas públicas orientadas a que el país siga creciendo, a la generación de empleo y a la buena calidad del empleo”.

En tanto, Ariztía, de la SNA, comenta que “en términos generales llegan personas que casi no han tenido labores de trabajo relacionadas con nuestro rubro, por lo tanto, tenemos que capacitarlos nosotros”, lo que de todas formas no considera algo complejo de realizar con los trabajadores extranjeros.

 

th-extranjeros

Presidente de Fedefruta se refirió en Radio Agricultura a las consecuencias de la paralización de los funcionarios del SAG

Aseguró que los productos frutícolas no tienen nada que ver con el compromiso realizado por el Gobierno que, según la AFSAG, no se está cumpliendo.

En conversación con el programa La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el presidente de Fedefruta, Luis Schmidt, se refirió a la paralización de los funcionarios del SAG durante la jornada de este jueves y las complicaciones que le podría significar.

“Si bien es cierto no es en el peak de nuestras exportaciones, evidentemente que complica porque nosotros estamos todavía exportando kiwis, manzanas, frutas más tardías y ese tipo de paralizaciones obviamente que complica a nuestro sector y no solamente por las pérdidas (…) sino también perjudica desde el punto de vista de nuestra imagen país en el exterior”, comentó.

Además, enfatizó que la gente que nos compra frutas normalmente vive de esto y si no tiene el proveedor que llega en el momento preciso obviamente que compra en otro lugar. Por otra parte, indicó que son cargas que no pueden espera, por ser productos perecibles.

“Afortunadamente no es como nos pasó el año pasado en plena exportación de cerezas donde aseguraron que había turnos éticos y teníamos que esperar por horas”, enfatizó.

Schmidt indicó que ellos no tienen nada que ver con que el Gobierno no haya cumplido con un compromiso que tiene relación con los funcionarios de honorarios.

Finalmente, manifestó que la solución que se pide es que se siga lo de los países desarrollados y que en estos casos no afecte a los alimentos como las frutas que son perecibles.

Escucha el audio a continuación.

Alrededor de 500 personas han participado de capacitaciones en torno a temáticas hídricas en la provincia de Petorca

Sobre tramitación legal, comercialización y reconversión productiva, entre otras temáticas, finaliza etapa de capacitación de los talleres comprometidos de los componentes técnico-legal y de reconversión del Programa de Gestión Hídrica de la Provincia de Petorca, “Difusión técnica de usuarios de aguas en la Provincia de Petorca”, código BIP nº 30169, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso a través de la Seremia de Agricultura. Estos talleres fueron ejecutados por el equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Este año se realizaron 6 talleres del componente técnico-legal, en las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, donde el enfoque estuvo en dar a conocer la importancia de tener los derechos de aprovechamiento de aguas a nombre del usuario y perfeccionados, además de analizar la información técnica de cada comunidad, elaborada por el equipo profesional PUCV a cargo de este eje.

Por otro lado, en el marco del componente de reconversión, se realizó un taller de comercialización en ferias en el mes de mayo, en conjunto con Prodesal La Ligua. Además, se gestionó un encuentro de intercambio de experiencias con los grupos “Hilanderas del Pulmahue” e “Hilanderas Tejedoras de Pullally”. Éste último grupo es parte del trabajo asociativo que se está desarrollando con cinco grupos del área productiva: la cooperativa Petorquinoa, Hilanderas de Pulmahue, Grupo Torrente (producción de productos medicinales a partir de yerbas) y un grupo apícola. Además, se está trabajando en la incorporación de un grupo productores dedicados a la producción de nueces, en la comuna de Petorca.

Nieggiorba Livellara, coordinador del equipo PUCV del Programa, se refirió al cierre de esta etapa de capacitaciones que se ha desplegado por toda la provincia. “Actualmente estamos cerrando el proceso de capacitación, nuestro mandante la Seremia de Agricultura nos había solicitado por el componente legal realizar 9 talleres, de los cuales hemos capacitado a unas 150 personas de las comunas de Cabildo, Petorca y La Ligua y lo que nos queda hacia adelante con el eje legal tiene que ver principalmente con los procesos de tramitación de derechos individuales”.

Las comunidades de agua de La Engorda, El Trapiche, Quebradilla, Pullally y La Polcura son las organizaciones de usuarios de aguas que se han elegido para trabajar con ellos su perfeccionamiento; a ellas, se sumarán dos comunidades más, lo que superaría la meta de 700 usuarios con sus trámites inscritos.

“En cuanto al eje de reconversión, teníamos comprometidos 15 talleres, el cual fue concluido el trimestre anterior. Realizamos 4 más, es decir, 19 talleres, que pudieron beneficiar alrededor de 60 personas en las distintas comunas enfocados en temas asociados a la reconversión, comercialización, desarrollo de modelos de negocio para la agricultura, alternativas de reconversión, uso de estaciones meteorológicas. Nosotros ya contamos con más de 50 personas que han ingresado al proceso de reconversión y estamos trabajando en la búsqueda de financiamiento de una parte de ellos, alrededor de la mitad ya han obtenido financiamiento, están en etapa de implementación”, señala el coordinador respecto al eje de reconversión.

En total son 60 iniciativas, dos de las cuales corresponden a grupos asociativos (que benefician a 24 personas) y 36 a usuarios individuales. Actualmente, 20 de estas iniciativas han sido postuladas -3 a SERCOTEC y 17 a INDAP-, 16 han sido adjudicadas con recursos e implementadas y 3 de éstas últimas están en su etapa de seguimiento. La elección de estas iniciativas y la elaboración de este plan de reconversión han sido fruto del trabajo conjunto entre el equipo PUCV e INDAP, que beneficia principalmente a usuarios de grupos PRODESAL y SAT de la provincia de Petorca.

Inicio de programa educativo en temáticas hídricas en la provincia de Petorca y otras capacitaciones

Capacitaciones en torno a balances hídricos, su funcionamiento práctico y aplicación, han sido otras de las actividades que se han desarrollado en puntos más rurales de la provincia, como Alicahue, Santa Julia y Chincolco, donde pequeños productores han podido, entre otros aprendizajes, analizar el rendimiento hídrico predial para lograr mejoras en la eficiencia de su riego. En total, 7 capacitaciones se han realizado en torno a balances hídricos en diversos puntos de la provincia en este año, alcanzando a un total de aproximadamente 80 participantes.

Además de estos talleres, se desarrollaron 3 jornadas de temáticas legales en torno a la normativa vigente, constitución de derechos de aguas y mecanismos legales de protección, en Petorca, Cabildo y Pullally, las cuales pudieron beneficiar a más de 60 usuarios de aguas. Para todas estas capacitaciones se ha trabajado junto a los equipos de PRODESAL de las distintas comunas.

Este mes además se inició el programa educativo en temáticas hídricas en cinco establecimientos educacionales en la provincia: Liceo Pulmahue, Escuela Gabriela Mistral, Colegio Luis Cruz Martínez, Liceo Técnico Agrícola Cordillera de Chincolco y Liceo José Manuel Borgoño de Petorca. En cada liceo el equipo de difusión del Programa de Gestión Hídrica de la Provincia de Petorca realiza una serie de talleres que incluyen temas como reciclaje del agua, aspectos legales, geografía, contexto y conservación del recurso hídrico, entre otras instancias que se desarrollarán durante todo el año.

Estos programas de capacitación son ejecutados por el componente de difusión, a cargo de la Federación Nacional de Productores de Frutas de Chile F.G., FEDEFRUTA F.G., en el marco del Programa “Difusión técnica de usuarios de aguas en la provincia de Petorca”.